sábado, 11 de noviembre de 2017

LA MORALIDAD DE LOS INCENTIVOS


La economía y la moral tienen varios atractores discursivos. Está la preocupación por la recitada objetividad de la ciencia económica, que pretende carecer de juicios de valor simplemente porque utiliza modelos formales. El criterio de eficiencia, se supone, no importa afirmación moral alguna, y queda en la decisión de las sociedades elegir, fuera de la ciencia objetiva, sus preferencias éticas. Aquí Timothy Taylor reflexiona, por ejemplo, sobre las inmoralidades de la vida económica en general. Como ejemplo, cita la tendencia de los economistas a ponerle precio y mercantilizar todo, incluyendo la donación de órganos o el lanzamiento de enanas.

Otro rubro de interés que relaciona economía y ética son los llamados "incentivos morales". Si te pagan por donar sangre, podés sentir que en lugar de ayudar te estás vendiendo, que no se te considera una buena persona, y quizás no lo hacés. Cuando se impone un pequeño costo a los padres que retiran tarde a sus hijos del jardín, esos padres se sienten mejor y los dejan más en lugar de menos tiempo en el jardín, porque al pagar evitaban la culpa.

Pero aquí me interesa específicamente discutir la moralidad de los incentivos en sí mismos. Ya sé que parece todo lo mismo, pero los ejemplos van a ir despejando las dudas. Voy a discutir primero un ejemplo típico de incentivos económicos (A), con dos versiones (A.1 y A.2). Empecemos.

EJEMPLO A: un impuesto para bajar la indigencia 

A.1. Un gobierno creíble anuncia un elevado impuesto a las ganancias financieras para financiar un subsidio a la indigencia. Como resultado, algunos inversores retiran su dinero de dichos activos y el Estado no logra llevar adelante plenamente su plan social.

Como se ve, lo que estamos evaluando es la moralidad del incentivo propiamente dicho, es decir, hasta qué punto es ético que los individuos reaccionen ante la medida eludiendo el impuesto.

La reacción automática de un economista ante esta situación debería ser de total sorpresa. La libertad es libre y cada inversor hace lo que quiere con su dinero. So far, so good. Ahora planteamos una versión A.2, ligeramente diferente.

A2. Un gobierno creíble anuncia que cobrará un elevado impuesto directo a los más ricos para financiar un subsidio a la indigencia. Quien no lo pague no podrá caminar por la calle, que forma parte de la infraestructura del sector público. El Estado cobra el impuesto y lleva adelante parcialmente su plan social porque algunos ricos logran eludir los controles, aunque la mayoría no.

Ahora eliminamos de plano el incentivo (o más precisamente, lo transformamos en una obligación). Los aportantes ya no pueden escaparse, a menos que transgredan la ley y no sean detectados. 

Ahora pensemos ¿Cuál es nuestra opinión sobre la ética de los ricos que no contribuyeron? Creo que podríamos coincidir en que no hicieron bien. Pero ¿son estas personas poco éticas porque no contribuyeron en sí, o porque no contribuyeron cuando otros lo hicieron? Si la respuesta es la segunda, entonces creeríamos que habría sido perfectamente ético que nadie aportara. Mmmmm....

Pero si la respuesta es la primera, entonces esto empieza a parecerse al caso A.1. Pero pese a las semejanzas, solemos pensar que en el ejemplo A.1 los que movieron su dinero sólo hicieron "lo que los incentivos dictaban", mientras que en el ejemplo A.2 infringen una ley, lo que parece estar mal por definición. Muy bien, avancemos ahora con el ejemplo B, que propone una situación social diferente, no económica. De nuevo habrá dos versiones B.1 y B.2. Adelante.

EJEMPLO B: evitando delitos

B.1. El gobierno prohíbe la mayor parte de los delitos, pero gracias a las nuevas tecnologías (y al ingenio popular), siempre aparecen delitos novedosos. Supongamos que aparece un nuevo delito que el gobierno desearía evitar, pero su control es tan ridículamente costoso que ni siquiera se molesta en tipificarlo o determinar su pena. Haciendo pleno uso de los incentivos, algunos aprovechan esta situación y delinquen, mientras que la mayoría reconocen que esto es inapropiado y no lo hacen.

Y por último, la versión "legal" B.2:

B.2. El gobierno prohíbe la mayor parte de los delitos, pero gracias a las nuevas tecnologías (y al ingenio popular), siempre aparecen delitos novedosos. Supongamos que aparece un nuevo delito, y el gobierno lo tipifica. Algunos se arriesgan a infringir la ley, pero la mayoría no lo hace.

Es hora de preguntarnos si hay alguna diferencia entre los delincuentes del ejemplo A.2 y los del ejemplo B.2. Parece difícil establecerla con motivos puramente éticos, al menos para mí. Quizás esta distinción existe y yo no la veo. Se reciben comentarios, en cualquier caso.

Conclusión Inmoral

Rebobinando, en el ejemplo económico hemos perdonado a los inversores por sus "inevitables incentivos" y hemos condenado a los que infringieron la ley. Pero en el ejemplo del delito esta distinción parece quedar borrada.

Algunos indicarán que no es lo mismo cometer un delito que no contribuir a una política social. Pero por supuesto, esto podría depender de las consecuencias. ¿Qué hay si estos inversores que no aportan terminan matando de hambre cientos de chicos indigentes con su actitud basada en los "incentivos"?

La moraleja algo enrevesada de todo este experimento es que la acción de los incentivos no obsta ni anula la evaluación de la moralidad de los actos económicos humanos. No se es más ético porque se haga uso de los incentivos económicos. La bondad de tus actos debería medirse mediante varas mucho más estrictas.


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