Tecnologías modernas en PED
La
promesa del futurólogo Alvin Toffler en los años 70s de que la adopción de
tecnologías de punta permitiría saltear la necesidad de industrializar el país
pasando directamente de una economía agrícola a una de servicios de alta
tecnología (la frase que sintetizaba la idea era “Gandhi con satélites”),
resultó ser poco realista. Las transiciones de los países del subdesarrollo al
desarrollo no se definen únicamente por la mera existencia de la inteligencia
artificial, sino que dependen de un conjunto amplio de circunstancias específicas
de tiempo y lugar del país en cuestión, y de cierta cuota de buena fortuna.
Es
claro, por otra parte, que los beneficios de productividad de las nuevas
tecnologías y sus rentas (aun cuando sean transitorias), son apropiados por aquellosque
tuvieron la capacidad financiera de crear las condiciones para que el cambio
técnico sucediera en primera instancia. La diseminación no es automática, en
parte porque las patentes y los derechos de propiedad son defendidos por una
legislación restrictiva, pero también porque la adopción de tecnologías
requiere de complementariedades “a la Leontieff” con otros factores productivos
y conla infraestructura, de las que los países en desarrollo generalmente
carecen. Paulatinamente, las nuevas tecnologías se han ocupado de flexibilizar de facto algunas de estas restricciones,
pero las dificultades de aplicabilidad a países con entornos productivos poco sofisticados
persiste.
Es de
esperar, por lo tanto, que la adopción de las tecnologías más modernas por
parte de países de ingreso medio siga tropezando con las falencias
estructurales que los caracteriza. El crecimiento de la productividad derivado
de la incorporación de la inteligencia artificial y la automatización tendrá
una etapa con apropiación monopólica, ya que existirá solo un grupo pequeño de
firmas capaces de acceder al financiamiento y a los recursos humanos necesarios
para implementarla. A medida que la inteligencia artificial se incorpore a las
distintas esferas productivas, los conflictos laborales pueden hacerse sentir.
Pero la flexibilidad de las economías en desarrollo es naturalmente menor,
dando lugar a una transición donde las pérdidas de eficiencia no serán
triviales. Las reacciones corporativas y gremiales también son más exacerbadas,
y los riesgos sociales y políticosde modificar sustancialmente el status quo puede dejar algunos procesos
a mitad de camino.
Las políticas económicas del futuro
La
llegada del futuro tecnológico parece dejar un rol no menor para la
intervención pública. Si la transición tiene los efectos que ya referimos sobre
el empleo, el poder de mercado y la desigualdad social, la acción estatal
parece una necesidad teórica y práctica. En Estados Unidos, el Council of Economic Advisers publicó
hace poco un informe donde lista una serie de acciones destinadas a promover
las nuevas tecnologías, pero también a cuidar a la sociedad de sus potenciales
consecuencias económicas nocivas.
Las
políticas propuestas abarcan dos aspectos. Uno refiere al entrenamiento
generalizado de la fuerza de trabajo para estar a la altura de las
circunstancias. Pero la velocidad del ajuste es cuestionable, ya que mientras las
tecnologías evolucionan cada vez más rápido (como ilustra la famosa Ley de
Moore), la capacitación requiere de varios años, especialmente para los de
mayor edad, que han invertido mucho en su profesión anterior. Este problema se
multiplica en países en desarrollo, donde la “estabilidad laboral” es considerada
un mérito y la “flexibilidad laboral” se presume una estrategia del
empresariado para aprovecharse de los trabajadores.
Las
estrategias de mediano plazo implican educar a las futuras generaciones, pero
nuevamente, el tiempo de espera puede ser demasiado largo para la velocidad de
los nuevos vientos. Por otra parte, los responsables de modificar las
metodologías de formación deben estar al tanto de los desarrollos recientes, y
trabajar constantemente actualizando los planes de estudios y las técnicas
educativas, un desafío mayúsculo para las economías menos modernas. En todo
caso, parece sensato encarar estas reformas más allá de lo que ocurra con la
tecnología.
La
dificultad madre en los países en desarrollo sigue siendo el financiamiento de
estas transiciones, que pueden ser muy costosas y con rendimientos sociales de
largo alcance. Los países desarrollados pueden darse el lujo de arriesgar en
gastos de entrenamiento y educación, pero los más atrasados suelen enfrentar
dilemas de utilización de recursos en el corto plazo que inhiben esta
posibilidad.
El otro
conjunto de políticas que el Council propone,
quizás las más polémicas, son las referidas al “empoderamiento” de los
trabajadores para asegurar que las ganancias de productividad de las nuevas
tecnologías sean compartidas. Las pérdidas de empleo y la apropiación de rentas
deben ser parcialmente revertidos, según reza el informe, a través de la
modernización y fortalecimiento de las redes de seguridad social, de un seguro
de desempleo más eficaz, de dotar a los trabajadores de un mayor poder de
negociación, y de incrementar el salario mínimo. La presunción teórica detrás
de estas medidas, varias deseables de por sí, es que la tecnología es un bien
público, y que no todos han tenido las mismas oportunidades para
desarrollarlas.
Como
ocurre con varias ideas redistributivas, la teoría suele estar razonablemente
justificada, pero el diablo está en su aplicación. Por ejemplo, el
empoderamiento de los trabajadores debería ser mayor en los sectores
presumiblemente más afectados, pero esto es difícil de determinar a priori. En la práctica, es posible que
la acción empoderadora se termine definiendo por la cantidad de despidos debidos
a la adopción de tecnologías sustitutivas. Por supuesto, en el límite, impedir
los despidos eliminará el incentivo de la firma a incorporar las tecnologías en
primer lugar. De aquí la necesidad de “mediar” la redistribución a través de la
intervención pública.
La
conceptualización de la intervención podría entenderse así. Aparecen las nuevas
tecnologías, y sus beneficios son apropiados en un principio por un grupo
de firmas con capacidades técnicas y
financieras adecuadas. La economía observa un aumento de productividad que crea
rentas en estos sectores. El Estado grava la renta extraordinaria y la reparte a
los afectados por la vía de un seguro de desempleo, capacitación gratuita, fortalecimiento
de las redes de contención social, etcétera.
Cada
una de estas etapas, debe notarse, requiere de un cuidadoso examen de
identificación, elección de los instrumentos más adecuados, y evaluación de impacto.
Todas estas decisiones deben incluso ser repensadas a medida que la propia
lógica tecnológica cambia el “campo de juego”. En la práctica, además, los
gobiernos suelen ser poco proclives a las redistribuciones directas porque se
pierde el apoyo político de los perjudicados, lo que termina sesgando las
decisiones políticas en favor de mantener el status quo todo lo que sea posible.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario